• Asociaciones del taxi rural integradas en UPTA Andalucía, reclaman la adaptación de las obligaciones a la realidad de los territorios.

7 de mayo de 2021. La Asociación de Empresarios del Taxi Rural de Sevilla, la Asociación del Taxi Rural de los Pueblos de Córdoba, integradas en UPTA Andalucía y la Unión de Asociaciones de Taxistas Andaluces (UATA), han trasladado a UPTA Andalucía su disconformidad con las modificaciones introducidas en el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo de la Junta de Andalucía el pasado febrero al no haber tenido en cuenta la realidad de este sector, dadas sus peculiaridades.

Para estas asociaciones, es excesiva la obligación de exigir taxímetros para municipios de más de 10.000 habitantes y no alcanzar hasta los 50.000 como viene ocurriendo en otras regiones como la Comunidad Valenciana, y que sean los Ayuntamientos los que establezcan o no la dispensa. La realidad del taxi rural, es que el 99% de los servicios que realizan se hacen previo acuerdo de la tarifa completa ya que no es habitual utilizar este servicio dentro del municipio, por lo que el taxímetro resulta innecesario.

Los principales clientes de los taxis rurales son personas de avanzada edad o sometidas a tratamientos hospitalarios para traslados a los municipios donde se encuentran los centros médicos, por lo que los servicios que prestan son esenciales y de un alto valor y carácter social, teniendo en cuenta las peculiaridades de los entornos rurales.

Esta nueva obligación, impone a estos trabajadores y trabajadoras autónomos tener que asumir, en un momento como el actual de crisis económica y de consumo, inversiones importantes para adaptar los vehículos incorporando taxímetros que no van a utilizar.

Para estas asociaciones, resultaría más práctico y más ajustado a la realidad, establecer esta obligación a municipios de más de 50.000 habitantes, dejando a los municipios que tengan menos población que ésta, que sean los Ayuntamientos los que establezcan su obligatoriedad o no en función de la realidad del territorio. Puede darse el caso, como ocurre en localidades muy turísticas, que aunque tengan una población inferior incluso a 5.000 habitantes, sea adecuado que se instalen taxímetros, y por el contrario, en municipios con mucha más población de 10.000 habitantes no sea necesario, ya que por sus características no se realizan carreras en el mismo municipio y sólo servicios fuera de la localidad bajo precio cerrado.

Para UPTA Andalucía, tras el análisis de estas demandas, considera adecuado y necesario que se produjese esta revisión y adaptar la normativa vigente a la realidad de un colectivo tan necesario como el taxi rural y que presta un servicio de vital importancia en estos entornos. Existe margen legal para ello y adaptar a la realidad la legislación y hacerla más flexible y coherente con el reto demográfico y la lucha contra la despoblación de los entornos rurales que padecemos.